Los cubanos que disfrutamos los aportes que han hecho nuestros connacionales al desarrollo de las ciudades que se encuentran en el sur floridano debemos sentir una fuerte vergüenza cuando un individuo nacido en Cuba o que se considera como tal, incurren en delitos que atenten contra el desarrollo y la economía de esta área.
Debe ser doloroso para el ciudadano cubano promedio que reside en esta zona que un sujeto que él juzga arquetipo de su comunidad nacional se convierta de la noche a la mañana en objeto de acusaciones e investigaciones legales por haber, posiblemente, incurrido en actos de corrupción, tráfico de influencias o por participar en negociaciones que puedan favorecerle económicamente, a sabiendas de que éstas se ejecutan al margen de la ley.
El desarrollo, crecimiento e internacionalización del sur floridano es parte del orgullo nacional cubano porque el aporte de nuestra comunidad al progreso de esta región es indiscutible-sin que esto implique desconocer contribuciones de otras minorías también extranjeras- por lo que esa satisfacción y justa vanidad de cientos de miles de isleños se ensombrece cuando un connacional destacado es, posiblemente, un delincuente de cuello blanco, que ha utilizado sus prerrogativas funcionales para beneficio personal.
Para los cubanos los progresos personales en cualquier parte del mundo en que se encuentren son parte del reto que asumieron el día que decidieron por el destierro; pero cuando estos éxitos se producen en esta región son aún más notables porque sin duda alguna contribuyen a ejemplificar lo que puede hacer el pueblo de la isla cuando concluya el régimen castrista.
De ahí, del punto comparativo de los éxitos del exilio frente a los fracasos de la dictadura en la isla es que se debe evaluar los graves perjuicios que le produce a nuestros conceptos políticos e ideológicos que un cubano cuando ejerce una función pública actúe deshonestamente y se apropie o administre con dolo o culpa los bienes públicos.Las imágenes positivas son evidentemente nuestro orgullo pero las negativas deben avergonzarnos profundamente, máxime, cuando la conducta de quien se ha conducido indebidamente ha estado asociada directa o indirectamente a la causa de la democratización de Cuba.
En nuestra opinión y para evitar estas situaciones sería muy conveniente que los funcionarios públicos, electos o designados, no asociasen sus cargos y funciones a la problemática de Cuba, y si así lo hiciesen, que fuesen capaces de desarrollar una actividad completamente transparente para evitar que vinculen la causa nacional cubana a acciones reprobables.
No es que el servidor público de origen cubano se desligue de lo que está vinculado por nacimiento o sentimiento, sino que acentúen su capacidad de juicio y que comprendan que una mala gestión en sus funciones trasciende la inmediatez de su cargo.
No vale sentir una causa si no somos capaces de darle a ello lo mejor de nosotros. Si por nuestras convicciones personales consideramos que la gestión pública que cumplimos debe estar asociada al proceso de democratización de nuestro país de origen, debemos hacer conciencia que cualquier acción negativa en que incurramos no sólo nos va a afectar en términos ético y legales en este país, sino que también va a producir serios daños a la causa que decimos defender y al país al que queremos regresar para ayudar a su reconstrucción.
Los que delinquen en el extranjero, aunque proclamen su voluntad de servicio a Cuba son, junto a su condición de delincuentes, un bochorno a nuestro propósito de una redención nacional.
Aquellos que estiman que la política o el servicio público son profesiones válidas para un rápido enriquecimiento ilícito deben, si realmente sienten por su país, alejarse de la causa de la democratización de Cuba, porque para ellos, como para cualquier otro malhechor, no hay espacio en la lucha contra la dictadura porque es preferible que falten soldados a que la lucha por la libertad la integren delincuentes.
Febrero 1999
Pedro Corzo
